PUNTO DE ACUERDO: JUZGADOS DE TUTELA.06/10/2020

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON ÉSTE CONGRESO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA CONOCER LOS MECANISMOS Y PROCESOS CON LOS QUE INICIARAN ACTIVIDADES LOS JUZGADOS DE TUTELA Y MEDIANTE LOS CUALES SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TAL EFECTO.

ANTECEDENTES

Para René Ramírez (2020) La visión contemporánea constitucional de los asuntos públicos en México permite resolver temas pendientes desde una nueva perspectiva de derechos humanos. El cambio de época judicial y las profundas modificaciones a los controles constitucionales es “uno de los cambios constitucionales más importantes de la historia nacional en los más de doscientos años de nuestra vida independiente en materia de derechos humanos” (Cossío, 2017, p. 32). Se maximizó la protección de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual está transformando profunda y continuamente a distintas instituciones principalmente las de impartición de justicia), así como de todo aquello que se involucra desde la praxis judicial. Como puntos torales de esta nueva época judicial, se incorporaron y desarrollaron figuras constitucionales, un bloque de constitucionalidad, un control de convencionalidad y el principio pro persona. Ello abrió la puerta a mirar los derechos humanos no solo desde el actuar jurídico, sino también desde las políticas públicas, el producto legislativo y el ámbito pedagógico-social. En los tiempos actuales, con los aires de cambio permeando la esfera pública, es desde donde podemos vislumbrar el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, mediante un razonamiento garantista, mismo que se encuentra asegurado desde un nivel constitucional en el artículo 17, que reconoce la administración de justicia como un derecho humano, y en el escenario internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés),  la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), entre otros. (Centro de Estudios Constitucionales SCJN, 2020)

El acceso a la justicia puede entenderse como esa atención primaria institucional para que el Estado intervenga en un litigio y promueva algún tipo de acción apegada a los más altos estándares jurídicos, lo que la convierte en una herramienta y mecanismo fundamental de solución a los problemas sociales. Sin embargo, hay que definir con mayor claridad el concepto de este derecho para poder entrar al estudio de la tutela judicial o jurisdiccional efectiva, la cual es parte del derecho humano de acceso a la justicia, pero vista de manera global. Como lo menciona el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Jorge Marabotto: “El Estado debe procurar que la brecha entre norma y realidad sea lo más pequeña posible, permitiendo un adecuado acceso a la justicia” (2003, p. 292). Este derecho solo puede traducirse si la decisión de una autoridad judicial satisface los criterios de una justicia lisa y llana. Por ende, el derecho de acceso a la justicia va más allá de los formalismos simples de admisión a un proceso, e incluye todos aquellos parámetros usados por el juzgador que operan a la hora de la impartición. Se mide, entonces, como un desahogo total y oportuno de argumentos, pruebas, defensas y apego a la ley y fundamentos internacionales; en palabras más sencillas, en un “hacer efectivo los derechos de las personas” (Cappelletti, 1996,.p. 41). (Centro de Estudios Constitucionales SCJN, 2020)

Este concepto de tutela judicial o jurisdiccional efectiva tiene su origen en Alemania, cuando el país se encontraba en una etapa de consolidación del Estado de derecho. El término se tradujo como un obstáculo a las arbitrariedades procesales de la autoridad judicial. Este concepto debe verse por los jueces como una herramienta que permite elevar la calidad de la justicia, al mantener sus decisiones apegadas a un garantismo procesal. Se trata de un “derecho fundamental de carácter individual que procura la protección de todos los derechos públicos subjetivos” (Araújo-Oñate, 2011, p. 26). La tutela judicial efectiva comprende diversos derechos implica una conjugación de diversos derechos que permiten su misma efectividad. Como mencioné anteriormente, si no se cumple o configura alguno de estos, no se puede afirmar que haya una plena tutela jurisdiccional.(Centro de Estudios Constitucionales SCJN, 2020)

Es imperativo ciudadanizar la administración e impartición de justicia, puesto que vivir en un país multicultural como México obliga a las instituciones a avanzar en agendas garantistas. Para ello, debe entenderse que la comunicación jurídica es un tema pendiente y necesario para garantizar el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en el país. (Centro de Estudios Constitucionales SCJN, 2020)[1]

 

CONSIDERANDOS

 

PRIMERO.- El pasado 28 de agosto, el Congreso capitalino aprobó el dictamen por el que se reforma y adiciona el Artículo Vigésimo Tercero Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México para asuntos de juzgados de tutela, que presentaron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia.

SEGUNDO.- Con 33 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones, se aprobó el documento presentado ante el Pleno del Poder Legislativo local en sesión extraordinaria.

TERCERO.- El Diputado Eduardo Santillán presentó una reserva para modificar la fecha límite de entrada en operación, de por lo menos dos de los juzgados en igual número de alcaldías, para establecer que será el 30 de septiembre del presente año y no el 31 de agosto, como estaba en la propuesta original.

CUARTO.- Al hacer la exposición de motivos el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas señaló que en cumplimiento con la Constitución Política de la Ciudad de México, para la protección efectiva de los derechos humanos, será el Consejo de la Judicatura quien lleve las acciones  administrativas y presupuestales necesarias para la instalación progresiva de los juzgados señalados, y que a partir de 2021 deberán entrar en operación por lo menos cuatro o más.

QUINTO.- La reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, es única y exclusivamente en su Artículo Vigésimo Tercero Transitorio,referente a la obligación del Consejo de la Judicatura de instalar juzgados tutelares en cada una de las alcaldías.

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La acción de tutela, ha generado una gran congestión en el ámbito judicial, por lo cual se ha dado la solución  con la creación de los juzgados de tutela, que tendrán como función de atender todas las acciones de tutela, lo que se puede traducir en la descongestión judicial. Con la implementación de estos tribunales y juzgados constitucionales, los cuales tendrían el conocimiento para dirimir las acciones de tutela, se beneficiaría la sociedad en general, toda vez que los mismos permitirían encontrar una pronta respuesta a sus pedidos judiciales en otra clase de procesos, por cuanto los juzgados ordinarios podrían dar mayor celeridad y eficiencia al trámite de sus causas al dejar de conocer de las acciones de tutela, lo que se traduciría en una descongestión de la jurisdicción ordinaria

Sin lugar a duda, para llevar a cabo la implementación de juzgados tutelares que descongestionen el sistema judicial, especialmente, por la carga laboral que significa la acción de tutela, es necesario reformar aspectos normativos trascendentales de la administración de justicia. De este modo, la potestad regulatoria y reglamentaria que comporta diferentes autoridades públicas es imperiosa para concretar efectivamente la composición de juzgados y tribunales en la ciudad de México.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, destina tan solo 3 de sus artículos para el amplio e importante tema de los Juzgados de tutela, en donde contempla las procedencias e improcedenicas en las reclamaciones de tutela, además de las acciones de protección efectivas de derechos que conocerán los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos, por lo que es de vital importancia que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el ámbito de sus facultades, revise el marco normativo que regula a dichos órganos jurisdiccionales.

 

Debido a lo anterior se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a realizar una mesa de trabajo con éste Congreso a través de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para conocer los mecanismos y procesos con los que iniciaran actividades los Juzgados de Tutela y mediante los cuales se dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México para tal efecto. Así mismo, se solicita llevar a cabo, de manera coordinada, la difusión sobre el funcionamiento, facultades y ubicación de los Juzgados de Tutela.

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez

Grupo Parlamentario de MORENA

Ciudad de México a 2 de octubre de 2020


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